Un informe del ente fiscalizador desclasificó una cadena de correos electrónicos que dejan en evidencia las supuestas presiones recibidas por el dueño del Fundo El Piñeo y su abogado. El ex socio de Gabriel Bustos Vergara -Mariano González Clavería- su hijo y otras autoridades regionales habrían solicitado 50 millones de pesos a cambio de apoyar la modificación al Plan Regulador Comunal de San Antonio, hito esencial para la promoción del que alguna vez fuera un proyecto común: levantar una infraestructura para el almacenamiento y una estación intermodal en Llolleo. Si bien no logró acreditarse la transferencia de dineros, la acusación da cuenta del clima en el que convive un emprendimiento que promete empleo y un parque de 50 hectáreas para la ciudad puerto.

Por Guillermo Escobar Ramírez, periodista.

El 2005, los empresarios Gabriel Bustos Vergara y Mariano González Clavería son propietarios -en partes iguales- del “Fundo El Piñeo”.

El primero representa a Inversiones Infinito S.A.; el segundo a Inmobiliaria Columnas S.A.

Juntos, planean habilitar una estación intermodal en la capital provincial.

Omar Vera Castro -alcalde de San Antonio y correligionario de González Clavería en el Partido Radical- mantiene un compromiso para modificar el Plan Regulador Comunal.

Sin embargo, la paciencia de quien en la década del ’50 fuese el alcalde electo más joven de Chile -con 26 años- se agota.

Decide vender su parte a Bustos, quien compra el 50% del terreno en octubre del 2007 -a través de la sociedad Hormigones y Áridos Santa Natalia Limitada- por 170 millones de pesos.

30 millones menos del valor total por el que Bustos y González adquirieron -en junio del 2005- El Piñeo a una sociedad anónima inscrita en el Banco de Chile.

Posteriormente, la iniciativa avanza administrativamente.

Mariano González vuelve a interesarse en lo que era su parte del negocio y se comunica con Gabriel Bustos.

Busca recuperar su participación, sin éxito.

De acuerdo al abogado y asesor empresarial de Bustos -Leonardo Olivares Flores-  “González rivalizó con potenciales presiones para que el proyecto de modificación al Plan Regulador de San Antonio -en el sector de la ribera sur del Estero el Sauce o Llolleo, Fundo El Piñeo- no se efectuara”.

Tentativa de González que no prospera.

Tras más de 25 modificaciones -y un convenio entre el gobierno comunal y la Seremi de Vivienda y Urbanismo- el proyecto se encuentra hoy aprobado por el Consejo Municipal, admitido en las Bases Generales del Medio Ambiente de la ley 19.300 -incluido el informe sobre proceso ambiental- visado respecto a la participación ciudadana y con el "ok" de la Empresa Portuaria de San Antonio.

“Afortunadamente -con la intervención de la autoridad comunal y regional- se logró que cesaran estas prácticas”, concluye Olivares Flores en una carta enviada a Enrique Chau Dinamarca -fiscalizador de la Contraloría de Valparaíso- en diciembre del 2014.

Emails

Una extensa pesquisa dirigida por el ente investigador -caratulada "Sobre Eventuales Prácticas Irregulares de Ex Consejero del Gobierno Regional de Valparaíso", contenida en el Informe 000408 del 09 de enero de 2015- descubre una cadena de correos electrónicos que intercambian Bustos y Olivares el 2012.

En ellos, se refieren a los supuestos esfuerzos que González Clavería -en su calidad de Consejero Regional del PRSD por San Antonio- habría dirigido con la ayuda de uno de sus hijos -el también empresario Mariano González Musri- para entorpecer las acciones empesariales de su otrora socio, Gabriel Bustos Vergara.

Ingeniero en ejecución mecánica de la Universidad de Santiago, el hijo del entonces miembro del CORE es socio gerente de Áridos Mariano Ltda. y Gerente General de Ryminmobiliaria, firma responsable del proyecto Don Matías, en Santo Domingo.

Los emails involucran en la demanda a otros miembros del CORE de la V Región, vigentes durante el período 2009 - 2013.
 
Si bien no logró acreditarse la transferencia de dineros -en el contexto de la imputación- las indagaciones revelaron algunos emails, que fueron compartidos con varias autoridades -entre ellas, el alcalde Omar Vera Castro- y funcionarios de la Intendencia como Raquel Cabrera Álvarez, Asesora Técnica de la Comisión de Ordenamiento Territorial del CORE VR.

El 16 de abril, Olivares escribe al alcalde Vera Castro:

"Cumplo con informarte que han venido a mis oficinas ya tres personas amenazando (...) que si no se hace una contribución jugosa (...) presentarán todo tipo de obstáculos al proyecto. Es gente de la competencia de Gabriel Bustos, representada por abogados y representantes regionales".

El 28 de septiembre, Bustos informa a Olivares.

"El 25 del presente me llamó por teléfono Mariano González Musri para ver si podíamos conversar. Me devolví a la oficina de él en donde conversamos el famoso tema del Fundo El Piñeo (...) Me comentaba de una conversación con su papá Mariano González Clavería, que es miembro del Core de la Quinta Región. Me comenta que don Mariano habría conversado con los demás miembros del Core de la Quinta Región y que ellos podrían apoyar favorablemente nuestro proyecto de cambio de uso de suelo (...) por la módica suma de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos), por lo que yo -lógicamente- los mandé a la concha de su madre".

Ese mismo día, el jurista remite los antecedentes a Cabrera Álvarez:

“He estimado oportuno y conveniente para usted darle a conocer dos correos que hablan por sí solos y que guardan relación con gestiones de Consejeros Regionales que velan por el desarrollo de nuestra Provincia (...) de extraña manera. Estimo sano para usted conocer todas las intenciones que guían ciertos actos. Quedo a su disposición para los efectos que estime del caso (...) analizar mayores antecedentes sobre esta situación".

Negación

Dos años después del intercambio de correos, edicion.cl accede al contenido de los correos electrónicos.

El martes 23 de septiembre del 2014 el periodista Guillermo Escobar Ramírez se reúne con la funcionaria Cabrera Álvarez en su oficina de la Intendencia Regional de Valparaíso.

Niega haber recepcionado la información.

Conversa con el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de la VR, Enrique Astudillo Pinto.

El administrativo es un ex Seremi de Planificación de Valparaíso -el 2009- y ex asesor -entre enero y mayo del 2012- en la alcaldía de El Quisco.

Cabrera y Astudillo rechazan aceptar copia de los documentos.

Dicen que “mientras no hubiese una presentación oficial no se indagará más allá”.