12 de junio de 2015

El órgano fiscalizador atendió las imputaciones del Concejal Maximiliano Miranda Hernández (PC) sobre el abogado Francisco Ahumada Venegas -Director Jurídico- quien -según Contraloría- no justificó algunos trabajos particulares en horarios de trabajo ni la supuesta demora en resolver indagatorias por casos relacionados con la administración comunal. Por disposición de la alcaldía, un contrato originalmente vigente a partir del 01 de mayo hasta el 31 de diciembre -observado también por Miranda Hernández- entre la Dirección de Gestión Social y Miguel Ahumada Venegas -hermano del hoy sumariado Director Jurídico- se vio abortado el 26 de este mes. Asimismo, la Contraloría abstuvo pronunciarse respecto a otra imputación formulada por el edil comunista, atendido el eventual ejercicio ilegal de la profesión de Leslie González Heredia -pareja de Francisco Ahumada Venegas- presentada “por mero error” como abogada por la IMSA.

Tras una denuncia presentada por el Concejal sanantonino Maximiliano Miranda Hernández (PC), la Contraloría General de la República -a través del informe 008418 del 11 de mayo del 2015- se refirió al Director del Departamento Jurídico del municipio sanantonino –Francisco Ahumada Venegas– quién habría realizado trabajos particulares durante su jornada de trabajo y habría sido el responsable en la dilación como fiscal instructor en una serie de procesos disciplinarios, no sustanciados en los plazos establecidos por la ley.

La Contraloría descubrió que entre el 2013 y el 2014 Ahumada Venegas asistió en seis oportunidades a diferentes juzgados en San Antonio, no justificando en la mitad de los casos -según el documento del ente fiscalizador- en el registro en el sistema municipal para control de asistencia ni existiendo los permisos administrativos, feriados, compensación de horas extraordinarias o descuento en sus remuneraciones.

Se trata del mismo jurista que -entre otras causas- asumió la defensa de un concejal demócrata cristiano que intentó pagar el mínimo exigido legalmente por la pensión alimenticia en favor de su hijo.

Asimismo, la Contraloría indica que de las seis investigaciones sumarias en las que Ahumada Venegas fue designado fiscal, todas permanecen inconclusas a partir de julio del 2014, sugiriendo la pronta tramitación de los procesos aludidos.

Sin embargo, en uno de esos procesos -la causa contra la Directora de la Unidad de Gestión Social de la Municipalidad de San Antonio Claudia Roblero Acuña -que el 12 de septiembre del 2014 impactó su auto tras conducir en estado de ebriedad, según parte policial de la Comisaría de Cartagena- en circunstancias que la funcionaria estaba con “reposo médico” al momento del incidente (http://www.edicion.cl/index.php?seccion=entrevistas&id=23) Francisco Ahumada sí terminó el sumario, proponiendo una sanción contra la funcionaria -una multa equivalente al 20% de su sueldo- y dos puntos menos en su hoja de vida.

Otra de las investigaciones vinculadas a Francisco Ahumada -y supuestamente sin avances- es la referida al caso de la supuesta falsificación de firmas en la Dirección de Obras Municipales de San Antonio (sigue el caso en http://edicion.cl/index.php?seccion=reportajes&id=22 – https://edidocs.wordpress.com/2014/07/24/firmas-falsas-en-la-dom-descarga-la-carta-del-denunciante-al-alcalde-y-el-detalle-de-los-expedientes-involucrados/ – https://edidocs.wordpress.com/2014/10/08/verarespondeamiranda/)

El caso hoy descansa en manos de Alejandra Bustamante, casada con un hijo del ex Concejal (PC) y actual Core Pedro Piña Mateluna.

El pasado 28 de mayo de este año, el municipio sanantonino dispuso una investigación sumaria contra el Director del Departamento Jurídico. Mediante el Decreto 5461 se nombra como fiscal investigador a Nibaldo Morales Acosta, secretario abogado del 2° Juzgado de Policía Local.

El antecedente no tiene vínculo con el fracasado intento de Francisco Ahumada por convertirse en Juez de Policía Local, cargo al que postulaba y que finalmente quedó en manos del abogado Manuel Abarca. Durante el proceso, el abogado -contratado desde el 2008 por la Municipalidad de San Antonio- estuvo en la terna, contando con la misma cantidad de votos asignados por la Corte de Apelaciones, que desempató la situación recurriendo a un parámetro de antigüedad y que finalmente dirimió el alcalde Omar Vera.

El inmediato efecto de la maniobra administrativa fue la designación de Alejandra Bustamante -contratada originalmente como abogada municipal- en calidad de Secretaria del Juzgado de Policía Local, terminando así su hasta ayer cargo como abogada de la Secretaría Municipal.

Informe Contraloría contra Claudia Roblero

En el contexto de otra de las presentaciones de Miranda Hernández -alusiva al contrato de la municipalidad con un hermano del Director Jurídico- por disposición de la alcaldía, el acuerdo laboral originalmente vigente a partir del 01 de mayo hasta el 31 de diciembre entre la Dirección de Gestión Social y Miguel Ahumada Venegas se vio abortado el 26 de este mes.


Abogada por “mero error”

Casi dos semanas después, la Contraloría General de la República -mediante el informe 009157 del 22 de mayo del 2015- se abstuvo de emitir un pronunciamiento respecto a otra denuncia de Miranda Hernández, atendido el eventual ejercicio ilegal de la profesión de Leslie González Heredia -funcionaria a honorarios de la Municipalidad de San Antonio- como abogada, según consta en su contrato de diciembre del 2014 y el acta de la segunda sesión ordinaria del Concejo Municipal, de enero del 2015.

La administración comunal rechazó la acusación ante al ente fiscalizador estableciendo que la aludida está vinculada a la municipalidad en calidad de asesora legal en materia habitacional desde el año 2009, negando que esta haya ejecutado labores atribuibles a un abogado, definiendo como “mero error” el contrato de honorarios y como “involuntaria” la referencia en el Concejo del 21 de enero de este año.

El mismo informe del órgano contralor no accedió a la solicitud del edil comunista respecto a la eventual falta de probidad en la especie, desestimando que la situación no haya sido denunciada por funcionaros del municipio.

De acuerdo a fuentes municipales, el contrato observado es uno de muchos donde González Heredia no figura como abogada sino como “egresada”, siendo ese en particular el que se usó ante la Contraloría.

Revisa los documentos acá
https://edidocs.wordpress.com/2015/06/12/juridicoimsa/