12 de junio de 2015

El órgano fiscalizador atendió las imputaciones del Concejal Maximiliano Miranda Hernández (PC) sobre el abogado Francisco Ahumada Venegas -Director Jurídico- quien -según Contraloría- no justificó algunos trabajos particulares en horarios de trabajo ni la supuesta demora en resolver indagatorias por casos relacionados con la administración comunal. Por disposición de la alcaldía, un contrato originalmente vigente a partir del 01 de mayo hasta el 31 de diciembre -observado también por Miranda Hernández- entre la Dirección de Gestión Social y Miguel Ahumada Venegas -hermano del hoy sumariado Director Jurídico- se vio abortado el 26 de este mes. Asimismo, la Contraloría abstuvo pronunciarse respecto a otra imputación formulada por el edil comunista, atendido el eventual ejercicio ilegal de la profesión de Leslie González Heredia -pareja de Francisco Ahumada Venegas- presentada “por mero error” como abogada por la IMSA.

Tras una denuncia presentada por el Concejal sanantonino Maximiliano Miranda Hernández (PC), la Contraloría General de la República -a través del informe 008418 del 11 de mayo del 2015- se refirió al Director del Departamento Jurídico del municipio sanantonino –Francisco Ahumada Venegas– quién habría realizado trabajos particulares durante su jornada de trabajo y habría sido el responsable en la dilación como fiscal instructor en una serie de procesos disciplinarios, no sustanciados en los plazos establecidos por la ley.

La Contraloría descubrió que entre el 2013 y el 2014 Ahumada Venegas asistió en seis oportunidades a diferentes juzgados en San Antonio, no justificando en la mitad de los casos -según el documento del ente fiscalizador- en el registro en el sistema municipal para control de asistencia ni existiendo los permisos administrativos, feriados, compensación de horas extraordinarias o descuento en sus remuneraciones.

Se trata del mismo jurista que -entre otras causas- asumió la defensa de un concejal demócrata cristiano que intentó pagar el mínimo exigido legalmente por la pensión alimenticia en favor de su hijo.

Asimismo, la Contraloría indica que de las seis investigaciones sumarias en las que Ahumada Venegas fue designado fiscal, todas permanecen inconclusas a partir de julio del 2014, sugiriendo la pronta tramitación de los procesos aludidos.

Sin embargo, en uno de esos procesos -la causa contra la Directora de la Unidad de Gestión Social de la Municipalidad de San Antonio Claudia Roblero Acuña -que el 12 de septiembre del 2014 impactó su auto tras conducir en estado de ebriedad, según parte policial de la Comisaría de Cartagena- en circunstancias que la funcionaria estaba con “reposo médico” al momento del incidente (http://www.edicion.cl/index.php?seccion=entrevistas&id=23) Francisco Ahumada sí terminó el sumario, proponiendo una sanción contra la funcionaria -una multa equivalente al 20% de su sueldo- y dos puntos menos en su hoja de vida.

Otra de las investigaciones vinculadas a Francisco Ahumada -y supuestamente sin avances- es la referida al caso de la supuesta falsificación de firmas en la Dirección de Obras Municipales de San Antonio (sigue el caso en http://edicion.cl/index.php?seccion=reportajes&id=22 – https://edidocs.wordpress.com/2014/07/24/firmas-falsas-en-la-dom-descarga-la-carta-del-denunciante-al-alcalde-y-el-detalle-de-los-expedientes-involucrados/ – https://edidocs.wordpress.com/2014/10/08/verarespondeamiranda/)

El caso hoy descansa en manos de Alejandra Bustamante, casada con un hijo del ex Concejal (PC) y actual Core Pedro Piña Mateluna.

El pasado 28 de mayo de este año, el municipio sanantonino dispuso una investigación sumaria contra el Director del Departamento Jurídico. Mediante el Decreto 5461 se nombra como fiscal investigador a Nibaldo Morales Acosta, secretario abogado del 2° Juzgado de Policía Local.

El antecedente no tiene vínculo con el fracasado intento de Francisco Ahumada por convertirse en Juez de Policía Local, cargo al que postulaba y que finalmente quedó en manos del abogado Manuel Abarca. Durante el proceso, el abogado -contratado desde el 2008 por la Municipalidad de San Antonio- estuvo en la terna, contando con la misma cantidad de votos asignados por la Corte de Apelaciones, que desempató la situación recurriendo a un parámetro de antigüedad y que finalmente dirimió el alcalde Omar Vera.

El inmediato efecto de la maniobra administrativa fue la designación de Alejandra Bustamante -contratada originalmente como abogada municipal- en calidad de Secretaria del Juzgado de Policía Local, terminando así su hasta ayer cargo como abogada de la Secretaría Municipal.

Informe Contraloría contra Claudia Roblero

En el contexto de otra de las presentaciones de Miranda Hernández -alusiva al contrato de la municipalidad con un hermano del Director Jurídico- por disposición de la alcaldía, el acuerdo laboral originalmente vigente a partir del 01 de mayo hasta el 31 de diciembre entre la Dirección de Gestión Social y Miguel Ahumada Venegas se vio abortado el 26 de este mes.


Abogada por “mero error”

Casi dos semanas después, la Contraloría General de la República -mediante el informe 009157 del 22 de mayo del 2015- se abstuvo de emitir un pronunciamiento respecto a otra denuncia de Miranda Hernández, atendido el eventual ejercicio ilegal de la profesión de Leslie González Heredia -funcionaria a honorarios de la Municipalidad de San Antonio- como abogada, según consta en su contrato de diciembre del 2014 y el acta de la segunda sesión ordinaria del Concejo Municipal, de enero del 2015.

La administración comunal rechazó la acusación ante al ente fiscalizador estableciendo que la aludida está vinculada a la municipalidad en calidad de asesora legal en materia habitacional desde el año 2009, negando que esta haya ejecutado labores atribuibles a un abogado, definiendo como “mero error” el contrato de honorarios y como “involuntaria” la referencia en el Concejo del 21 de enero de este año.

El mismo informe del órgano contralor no accedió a la solicitud del edil comunista respecto a la eventual falta de probidad en la especie, desestimando que la situación no haya sido denunciada por funcionaros del municipio.

De acuerdo a fuentes municipales, el contrato observado es uno de muchos donde González Heredia no figura como abogada sino como “egresada”, siendo ese en particular el que se usó ante la Contraloría.

Revisa los documentos acá
https://edidocs.wordpress.com/2015/06/12/juridicoimsa/

23/09/2014.- Una serie de antecedentes que comprometen directamente al actual Consejero Regional Roy Crichton y al diputado Víctor Torres -ambos de la Democracia Cristiana- quedaron expuestos luego que se filtrara un nuevo comunicado de la federación conducida por Diego Silva Farías.

La carta explicativa apunta hacia las capacitaciones ofrecidas por ambos personeros -mientras el parlamentario era Gobernador Provincial y el CORE su asesor- trianguladas por el timonel de Fetrampec, Sergio Vargas Rodríguez.

En ese contexto -inconsulto y mediocre, según detalla el documento- un “recorte” en los montos asignados a más de 300 portuarios beneficiados -atribuido extraoficialmente a una supuesta falta de recursos de la administración de ese entonces- habría detonado una discusión entre los falangistas y Vargas, quien habría ordenado atentar contra Roy Crichton.

Asimismo, en la carta explicativa, la Fetraportces reconoce a dirigentes históricos -que reclamaron por la mala calidad de los cursos- y asume una actitud “cobarde” al no haberlos apoyado “sabiendo que tenían razón y que peleaban por lo justo”.

Denuncian un proselitismo político abiertamente practicado por la Fetrampec y la relación construida por el diputado Torres para sí mismo y figuras como Crichton o Alejandro Montt (PDC) en épocas de elecciones.

(FOTOS: www.soysanantonio.cl)
La carta
San Antonio, septiembre 12 de 2014

A la comunidad y sector portuario

PRESENTE

Carta explicativa

Cuando un grupo de portuarios -contrarios a las malas prácticas sindicales impuestas por quienes dejaron de representar nuestros valores como trabajadores y personas- creamos FETRAPORTCES, acordamos que nuestro objetivo central sería reivindicar la dirigencia y el sector.

Para ello, hemos declarado nuestra disposición al diálogo y las medidas de fuerza que proponemos son la fórmula inevitable para construir la barrera de entrada a la forma de actuar de algunos cabecillas que sólo han generado detrimento económico a los trabajadores, un daño económico al ritmo productivo del país y -por sobre todo- un perjuicio a la imagen de nuestra propia gente.

En el absoluto rechazo a esa sumatoria de negatividades, es nuestro deseo como Federación transparentar ante la comunidad y autoridad competente la historia y argumentos respecto a por qué nos convence la idea que merecemos mejores condiciones e interlocutores de validez y calidad ética.

.- Entre los años 2008 y 2010, una serie de capacitaciones fueron propuestas desde el Gobierno Provincial -en ese momento, a cargo del hoy diputado DC Víctor Torres Jeldes- tras acuerdos generados a puertas cerradas entre él y el Presidente de FETRAMPEC -Sergio Vargas Rodríguez- a propósito de la cesantía que nos afectaba tras el éxodo de líneas navieras en el muelle Espigón. Nunca se nos hizo una sola consulta respecto a lo que creíamos resultaba conveniente para mejorar nuestros conocimientos como trabajadores.

.- Los cursos impartidos fueron mediocres y mal aprovechados por entes políticos y dirigentes. La OTEC responsable fue contactada por el entonces asesor de Torres, el actual CORE DC Roy Crichton. Ellos junto a Vargas generaron un acuerdo mutuo.

.- En materia de contenidos recibidos, se nos enseñó lo que ya sabíamos; hubo cursos de soldadura y electricidad, a nuestro parecer sólo una excusa para justificar los dineros involucrados. Lo más cercano a nuestras competencias como trabajadores portuarios fueron los cursos de tarja y empleabilidad. Lo cuestionable es que fueron impartidos por los mismos dirigentes. Reconocemos que hubo gente capaz, pero no era lo que necesitábamos, pues no hubo presencia de capacitadores SENCE.

.- La OTEC -contacto de Crichton- contrató al Instituto Vicente de Paul de San Antonio, que a su vez fue contactado por Sergio Vargas.

.- Una vez que comenzaron las capacitaciones, se registraron complicaciones en el proceso: se bajaros los montos asignados de 180 a 120 mil pesos. Esa diferencia jamás nos fue explicada y el “recorte” -que recayó sobre más de 300 portuarios beneficiados- se atribuyó extraoficialmente a una supuesta falta de recursos del gobierno de ese entonces.

.- Los primeros indicios respecto a que algo no estaba funcionando correctamente, se produjeron cuando el dirigente de FETRAMPEC Sergio Vargas empezó a discutir con Roy Crichton. De hecho, fue tal el desorden que incluso hubo períodos en que los cursos permanecieron detenidos y sin impartirse, mientras se resolvía un conflicto cuyos detalles conocimos posteriormente.

.- Ello, sucede luego que el propio Sergio Vargas nos dijo que Crichton “había cagado a los trabajadores con 30 millones de pesos (correspondientes a las últimas remesas de los últimos meses de las capacitaciones). Nos pidió expresa y desfachatadamente que “le quemáramos el auto a ese conchesumadre”. Nos dijo “que había tenido un arreglo con Crichton y que él rompió su palabra. Me debe los últimos dos meses. Hay que quemarle el auto a ese conchesumadre porque me cagó en 30 millones de pesos… en la última parte que nos toca a los dirigentes”. Estuvo tres días esperándolo; lo llamó, pero Crichton no contestó. Sergio no aguantó y fue ahí cuando trató de encomendarnos esa acción, del todo criminal y delictual.

.- En ese momento fuimos tajantes y nos negamos rotundamente a dar siquiera crédito a la naturaleza de la demanda hecha por el dirigente Vargas. No nos quisimos prestar para eso. Le explicamos que no nos íbamos a meter en sus cuestiones políticas.

.- Reconocemos a dirigentes históricos como los Rojas, Loise, Araneda, Venegas, Morgado y Parra que reclamaron por la mala calidad de los cursos -incluso llegando hasta la Fiscalía Regional- y que al investigar más allá tuvieron como consecuencias ser marginados de las mitigaciones por no estar con la mafia de Vargas. Fuimos cobardes en ese momento al no apoyarlos, sabiendo que tenían razón y que peleaban por lo justo.

.- Estamos plenamente convencidos que el hoy diputado Víctor Torres siempre ha estado detrás de todo esto. Como autoridad siempre sólo se acercó a Vargas. Es su mentor. Este año -en medio de la discusión por la Ley Corta- lo encaramos por su amistad con la mano negra de Vargas. Le pedimos que nos recibiera como Federación; “Ya un día de estos, mándenme una carta” nos respondió. Pero a Sergio lo recibe altiro. “Arréglense con Sergio” señaló, sabiendo el conflicto que tenemos por nuestra legítimas y públicas diferencias en el manejo dirigencial.

.- Refunda esta tesis, el hecho que cuando fuimos parte de marchas y paros, Sergio Vargas nos decía “que había que apoyar en el voto a Torres. Que apoyáramos a Crichton y a Alejandro Montt”, cuando cada uno de éstos fue candidato a algo.


Esperamos construir una nueva visión acerca del trabajador portuario. En nuestro profundo deseo contribuir a la verdad con los costos que ello implique. Estamos seguros que para ello, es pertinente reconocer cualquier error cometido y no insistir en falsas evidencias con origen en un cargo o la idea de representar algo.

Federación de Trabajadores Portuarios Costanera Espigón
FETRAPORTCES

22/07/2014.- A las 23:40 horas del 24 de abril, Daniel Marambio Toro falleció mientras realizaba faenas portuarias en la nave MN HACHINOE MARU. Revelamos las razones del fatal accidente según lo consignado en el Informe del Departamento de Prevención de Riesgos de STI S.A. del 13 de mayo. Hasta hora, manejado con extremo hermetismo.

Las conclusiones más relevantes apuntan -presumiblemente- a la presencia de “dióxido de carbono”, el que la nave no efectuara una ventilación adecuada -ni en tiempo ni en oportunidad requerida, aún en conocimiento que la carga puede causar agotamiento del oxígeno y aumento de dióxido de carbono en los espacios de la carga- y la falta de información respecto de las características y riesgos asociados al almacenaje de la carga, los que no fueron informados oportuna y debidamente por el embarcador -Consorcio Maderero S.A., el Capitán de la Nave y/o sus Agentes.

DESCARGA EL INFORME COMPLETO EN www.edidocs.wordpress.com


DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL

Punto 3, sobre “Análisis Causal”

¿Qué hizo o dejó de hacer el Sr. Daniel Orlando Marambio Toro (QEPD)?
Ingresar a la bodega N°5 por escotilla ubicada a la popa por el lado del mar, a pocos minutos de que la bodega fuera abierta por la tripulación de la nave.

¿Por qué actuó así?
En cumplimiento de las instrucciones impartidas por su supervisor directo Sr. Erick Faúndez Riquelme a objeto de realizar la desconexión de las maniobras de izaje del cargador frontal que iba a ser embarcado al interior de la bodega N° 5 para el trimado y compactación de la carga, según el Plan de Embarque previo.
Desconocimiento de los peligros asociados al ingreso a una bodega con carga de chips que ha estado cerrada y con aparente falta de ventilación por un período de 13 días.

¿Qué elemento o material estaba mal?
De acuerdo a la información contenida en el Certificado del IML, la causa de muerte está diagnosticada como “Edema Pulmonar Agudo”, lo que de acuerdo a la literatura médica revisada podría deberse entre otras causas a la inhalación de “Gas Tóxico”, el que presumiblemente habría estado al interior de la bodega N° 5.

¿Por qué ese material estaba ahí?
Del análisis de los antecedentes de la presente investigación que incluye las mediciones de gases efectuadas por la Autoridad Marítima e Higienistas de Instituto de Seguridad del Trabajo, no se puede concluir fehacientemente la presencia de gas tóxico al interior de la bodega N° 5, no obstante, de la lectura del documento “FOR FOR CARGO INFORMATION for Solid Bulk Cargoes” preparado por el embarcador de la carga -Consorcio Maderereo S.A. y que fue aportada por personal de la Agencia de la Nave- siendo remitido a STI con posterioridad al accidente por dicha agencia, se presume que la substancia tóxica al interior de la bodega pudo ser “dióxido de carbono” cuya aparición se debe a un proceso natural de generación de gases tóxicos provenientes del “chips de madera” que estaba almacenado al interior de la bodega, los que no fueron extraídos con antelación por parte de la nave.
Conclusiones
a) El Supervisor actuó con la debida diligencia y cumplió con la obligación de la realización de la charla de seguridad al inicio del turno, dando énfasis a los tópicos concernientes a los riesgos propios de la operación de embarque de chips conocidos hasta ese momento.

b) El embarcador de la carga -Consorcio Maderero S.A- entregó información al Capitán de la Nave respecto a las características y riesgos de la carga a embarcar, lo que hizo a través del documento que se acompaña como Anexo N° 1 (Antecedentes aportado por el Sr. Daniel Olivares, Husbanding del Agente de la Nave).

c) Dicho documento señala expresamente (traducción):
“Propiedades especiales relevantes de la carga: puede causar agotamiento del oxígeno y el aumento de dióxido de carbono en los espacios de carga (Equipo de respiración autónomo y medidores de oxígeno debe estar disponible) Las mercancías cargadas a bordo no son perjudiciales para el ambiente marino.

d) Ni STI, ni Muellaje del Maipo S.A., recibieron -con anterioridad al accidente-, por parte del embarcador, ni del Capitán de la Nave y/o sus Agentes información respecto a peligros especiales relacionados con el embarque de chips de madera de Eucaliptus, ni referentes específicos riesgos de naturaleza química que dicha carga pudiera entrañar, ni poseían en sus registros el documento citado en la letra precedente, el cual no les fue remitido sino hasta después de ocurrido el accidente, según se indicó en la letra b.

e) La presencia de alguna substancia tóxica al interior de la bodega N° 5, presumiblemente “dióxido de carbono”, las marcas sobre la carga con una alta acidez (según información de Higienistas del IST) y la presencia de corrosión y oxidación en las tapas de ventilación de la bodega (Anexo N° 2), hace presumir que la nave no efectuó una ventilación adecuada ni en tiempo ni en oportunidad requerida, a pesar de estar en conocimiento que la carga puede causar agotamiento del oxígeno y el aumento de dióxido de carbono en los espacios de la carga.

f) La tripulación realiza la apertura de las tapas de la bodega N° 5 y escotilla de acceso a ella, permitiendo la entrada a ésta de los trabajadores de Muellaje el Maipo sin realizar la advertencia ni medición alguna de la concentración de gases en su interior.

g) Ocurrido el accidente, la tripulación de la nave se limita sólo a facilitar, a requerimiento de los trabajadores, de un par de “equipos de respiración de aire auto contenidos”, no participando en la faena de rescate, logrando finalmente nuestro personal utilizar solamente uno de ellos.

h) La falta de conocimiento respecto a las características de peligrosidad de la carga son determinantes en el actuar del Supervisor y del Trabajador fallecido, así como del resto de los trabajadores que participan en las labores de rescate.
i) De acuerdo a los antecedentes recabados en esta investigación, el Supervisor de la Nave Sr. Erick Faúndez Riquelme, no tiene conocimientos específicos de los peligros que puede generar la carga, y que a pesar de su experiencia anterior en el embarque de chips de madera, no pudo visualizar los riesgos a los que exponía al Trabajador Sr. Marambio.

j) La empresa Muellaje Maipo S.A. no podía transmitir la información de este riesgo a sus trabajadores, toda vez que estaba en desconocimiento de éste, y no contó con la información oportuna por parte del embarcador -Consorcio Maderero S.A.-, del Capitán de la Nave y su tripulación y/o sus Agentes sobre dichos peligros de la carga, quienes por su parte disponían de toda la información pertinente para el cumplimiento de sus obligaciones legales.

k) Los instrumentos utilizados por la Autoridad Marítima de San Antonio para la medición de gases residuales al interior de la bodega y su acceso los días 24 y 25 de abril del 2014 -Detector multigas Scott Safety Modelo Protege / Detector Multigas Altair 5X – Modelo: 321L- no permiten la medición de “Dióxido de Carbono”, sólo se miden los niveles de Oxígeno, LEL, Sulfhídrico y Monóxido de Carbono”, presenta peligro inmediato para la vida si sus niveles de concentración es de 40.000 ppm, estableciendo niveles máximos de exposición por períodos de tiempo, es decir, existe compatibilidad de trabajo en áreas con presencia limitada de dióxido de carbono, lo que de acuerdo a la información de catálogo del fabricante con los instrumentos señalados anteriormente no era posible determinarlo.

l) La falta de información respecto de las características y riesgos asociados al almacenaje de la carga, los que no fueron informados oportuna y debidamente por el embarcador -Consorcio Maderero S.A., el Capitán de la Nave y/o sus Agentes hizo incurrir a los Organismos Públicos y de Seguridad y a STI S.A. y sus empresas contratistas que intervinieron con la debida diligencia tanto en el control de la emergencia, como en las evaluaciones posteriores realizadas, en errores y/u omisiones, autorizando la reanudación de la faena y el ingreso de los trabajadores a sus bodegas el día 27 de abril, toda vez que las mediciones de gases residuales realizadas fueron distintas a la sustancia más probable que pudiera emanar del chips almacenado en el interior de la bodega.

19/07/2014.- El pasado 12 de julio, la Federación Trabajadores Portuarios Costanera Espigón -FETRAPORTCES-remitió un email a las casillas de los más altos directivos de Puerto Central, autoridades locales como el alcalde de San Antonio Omar Vera Castro y la Gobernadora Provincial Graciela Salazar, los principales dirigentes de la Fetrampec -Sergio Vargas, Raúl Gaete, Raúl González- y la Ministra del Trabajo, Javiera Blanco ¿Quién reaccionará y cómo frente a las denuncias y los involucrados?

En el punto 4 de la denominada “Carta Explicativa” rechazan ser tratados por su ex federación como personas y dirigentes de baja calaña y niegan acciones matonescas hacia la FETRAMPEC.

“No olvidar que cuando estábamos vinculados a Fetrampec, el Presidente de vuestra Federación -el Sr. Sergio Vargas- nos mandaba a reventar casas de los que estaban en contra de él (como el dirigente Sr. Jovino Meneses) y realizar persecución contra el Gerente General de Epsa en esa época -el Sr. Álvaro Espinoza y su familia- entre muchas cosas más”.

Aludiendo al timonel de FETRAMPEC, el escrito agrega que “él mismo nos utilizó para realizar daño hacia personas, nuestro puerto y la comuna de San Antonio. (…) Hoy nos tilda de esa forma, siendo que nosotros estamos (por) reivindicarnos con el objetivo de ayudar a trabajadores portuarios de Espigón”.

Revelan además conflictos con Jaime García -asesor privado pagado por Puerto Central- Edmundo Silva y socios de la FETRAMPEC como Paul Huala y Paulina Fajardo, estableciendo que “no son dirigentes porque su sindicato está en receso; creemos que se representan entre ellos dos por no tener base constituida para representar un Sindicato Portuario”.

Luego de cinco puntos, la carta dedica varios párrafos a lo que FETRAPORTCES define como “puntos indignantes que han dañado a socios, sindicatos y nuestro puerto”.

“Los dirigentes señores Sergio Vargas y Raúl González realizaron actos desleales e indebidos para sacar de la Ley Corta Portuaria al sindicato de aforistas porque no eran trabajadores portuarios, según su determinación. (…) Estos dos personajes recibieron el beneficio de la Licitación con certificados de nuestro sindicato asociados como aforistas, más un grupo de asociados de su Federación; no entendemos su reaccionar hacia éste sindicato. Anexaremos certificados para comprobar el ilícito”.

“Nosotros como dirigentes solicitamos a la empresa Port Services -que se retira de Puerto Central- entregue los documentos bancarios que le otorgaba por buques fruteros a dirigentes de FETRAMPEC los cuales se les descontaban a los trabajadores y eran cobrados por ellos… (…) procedían del Banco Chile por una suma aproximada de un millón de pesos por buque frutero (…)".
Ataque a Jovino Meneses (fuente: Diario El Líder de San Antonio)
El 23 de julio del 2013, Jovino Meneses y Juvenal Vásquez -del Sindicato de Trabajadores Eventuales Muellaje Central N° 1- denunciaron hoy lo que ellos llaman un practica de "matonaje laboral" por parte del vocero del Frente de Trabajadores Portuarios de San Antonio (FTP), Sergio Vargas.

Jovino Meneses y Juvenal Vásquez, secretario y presidente, respectivamente de dicho sindicato, afirmaron hoy que en los últimos meses los trabajadores portuarios más antiguos han sido desplazados por otros empleados afines a Vargas, lo que según él, implica para los primeros la imposibilidad de cumplir con una cantidad de turnos al mes que les asegure un bienestar económico.

Según Vásquez, ante los cuestionamientos que hace algunos meses se le habrían hecho a Vargas, este respondió "de manera tozuda y dictatorial, que él era el dueño del Espigones y que él hacía y deshacía dentro del puerto, él sabía quien trabajaba y quien no trabajaba".

Juvenal Vásquez recalcó que el objetivo del sindicato que él representa es que la "nombrada", que establece la lista de los trabajadores que salen a cubrir los turnos portuarios de cada día, quede en poder de la misma empresa Muellaje Central, entidad con la que él y la mesa directiva de su organismo habían llegado a preacuerdos de relación laboral.

"Las empresas hacen la nombrada en base a una lista que nosotros le entregamos como sindicato. La nombrada de Sergio Vargas nos está desplazando. Directamente Sergio Vargas está realizando un matonaje laboral al interior, y está realizando una práctica antisindical", destacó Vásquez.

Jovino Meneses añadió que en el marco de este supuesto matonaje él sufrió un ataque vandálico en su hogar. "Me fueron a reventar mi casa, con piedras y bombas molotov", afirmó sobre ese hecho que, según él, fue denunciado ante la Fiscalía de San Antonio.
Vargas, el aludido, dijo que "existen las instancias en donde se resuelven los problemas entre los trabajadores".

Sobre el ataque denunciado por Jovino Meneses, Sergio Vargas declaró que él deberá mostrar las pruebas ante los tribunales para que se aclaren esos supuestos hechos.

"Nosotros lideramos once sindicatos; los sindicatos dictaminan y dictan las normas a seguir, aquí nadie es dueño de nadie; vienen elecciones en lo inmediato, y ahí vamos a ver qué pasa con los dirigentes que existen hoy día, entre ellos Sergio Vargas", añadió el vocero del FTP.

Vargas afirmó que Jovino Meneses estuvo un año con licencia médica por "un tema mental".
 
"Hay que ver los logros de esta Federación, que ha conseguido beneficios para sus trabajadores y ha sido el ancla de la lucha sindical portuaria en San Antonio. Estamos expuestos y abiertos a las críticas; no toda la gente está de acuerdo con nosotros, pero existen las instancias en donde se puede demostrar su malestar, si que existe", sentenció Vargas.
Respecto a la responsabilidad que Meneses le imputa en el ataque que él sufrió en su casa, Vargas dijo que "yo no soy ningún matón, no tengo necesidad de mandar a nadie, y cuando yo tengo que arreglar cuentas con alguien, voy personalmente a arreglarlas, y lo hago de día y cara a cara".

19/07/2014.- Un arquitecto radicado en Copiapó denuncia la falsificación de su firma en la Dirección de Obras Municipales de San Antonio para un supuesto patrocinio de -al menos- cuatro permisos de obra. Apunta al asesor urbanista Miguel Ross Rozas. Los hechos se informaron al alcalde nueve días después de ser conocidos. En un mes debiera concluir una investigación sumaria en curso. Paralelo a las indagatorias de la PDI, el Colegio de Arquitectos evalúa una demanda en contra de los responsables por irregularidades similares que involucran a prestigiosos profesionales del área.

Es 09 de julio.

En la Oficina de Partes de la Municipalidad de San Antonio, el arquitecto Ernesto Briones De Laire ingresa una carta escrita de su puño y letra.

Sin embargo, el primer paradero de esa misiva no es el despacho del Alcalde Omar Vera Castro -el destinatario original- sino la Dirección de Obras.

En 19 líneas, el afectado relata lo que a su juicio constituye “falsificación de instrumento público”, ilícito que se habría concretado mediante la simulación de su firma profesional como supuesto patrocinante de cuatro permisos de obra entre enero y abril del 2014.

Con 39 años, una parte considerable del currículum de Briones lo liga a Copiapó, ciudad en la que reside actualmente.

Proyectos como el “Estudio previo de localización y Diseño de Arquitectura de la Feria Modelo y el Terminal Pesquero” han contado con su directa participación desde la Dirección de Obras Municipales copiapina.

Tras titularse en la Universidad de las Américas, entre los años 2000 y 2004 trató de establecerse económica y laboralmente en San Antonio sin lograr el éxito que buscaba.

LA DENUNCIA

Un retraso en la DOM de San Antonio provoca que el detalle del escrito sea conocido por el edil Vera Castro recién el 18 de julio.

Invocando la Ley n° 18.834 respecto al Estatuto Administrativo y Obligaciones Funcionarias, Briones demanda el “inicio de una investigación sumaria en contra del asesor urbanista Miguel Ross Rozas, arquitecto de la Secretaría de Planificación Comunal -SECPLAC- y quien resulte cómplice” en el delito imputado.

Suma al petitorio la inhabilitación o suspensión de Ross en el cargo durante el período de la investigación.

Los hechos están siendo indagados por la Brigada de Delitos Económicos -BRIDEC- de la Policía de Investigaciones cuyas primeras pesquisas obligaron la comparecencia de Briones a declarar.

De acuerdo a su testimonio, los expedientes involucrados son el N° 56 del 06 de enero, N° 80 del 26 de febrero, N° 103 del 07 de marzo y N° 182 del 29 de abril -todos, durante el 2014- singularizados en el Libro de Ingresos de la DOM del período año 2014 en sus páginas 11, 19 y 33 respectivamente.

El propio Briones retiró cada una de esas carpetas, acción que como efecto inmediato coloca a las firmas implicadas en calidad de infractoras ante la ley.

¿PRIMER CASO?

En la Dirección de Obras de la Municipalidad de San Antonio conocen la imputación y el cargo incriminado es parte del debate.

Una modificación legislativa vigente desde enero de este año libera a la unidad de mayores facultades fiscalizadoras sobre el auspicio prestado por profesionales competentes -en tanto mantengan actualizados sus registros- y su principal atribución se remite a la revisión de la norma urbanística.

A pesar de esa excusa, reconocen que inconvenientes de esta naturaleza no son los primeros.

El 15 de julio del 2013, el quinto capítulo de la serie “21 Días” -de TVN- reveló el nexo que el arquitecto porteño Guillermo Cagliero Mora -afectado por un severo caso de alcoholismo- mantiene con diversas Direcciones de Obras en la Provincia de San Antonio.

Y es justamente la figura de Cagliero la que más se repite a la hora de buscar experiencias problemáticas con la administración comunal.

COLEGIO DE ARQUITECTOS

En paralelo, el Colegio de Arquitectos ha detectado irregularidades similares que afectan a algunos de sus miembros.

Sostienen que algunos proyectos han sido plagiados en la Dirección de Obras Municipales sanantonina con la intención de provocar cobros por servicios en beneficio de jóvenes arquitectos ligados a la SECPLAC local.

Aseguran que sus firmas literalmente las han borrado y reemplazado.
La versión del alcalde
Revisa correos electrónicos y correspondencia hasta la madrugada.

Es una de las costumbres más conocidas del alcalde Vera Castro.

Fue así como pudo enterarse de la acusación que afecta a la Dirección de Obras y Miguel Ross.

¿Conoce la denuncia?
“Ayer viernes 18 de julio a través del Ordinario 442 -del Director de Obras dirigido al alcalde- me he enterado de una denuncia por escrito -presentada a través de la Oficina de Partes el 9 de julio pasado- por parte del arquitecto Ernesto Briones, a través de la cual solicita una investigación sumaria en contra de el funcionario Miguel Ross por supuesta falsificación de firmas en cuatro expedientes que habrían ingresado el presente año a la DOM”.

“En estricto rigor, se tiene que hacer una investigación sumaria y es así que la he resuelto para que el fiscal -que en este caso es el Director Jurídico- recabe todos los antecedentes y en base a eso pueda establecer si efectivamente hay o no infracción a las normas estatutarias del municipio para que se tomen las medidas administrativas pertinentes”.

¿Hay experiencias previas de esta naturaleza?
“En el último tiempo no hemos tenido información ni en la DOM u otras unidades respecto a una falsificación. No obstante si la hubiese habido tenga plena seguridad y tranquilidad que el alcalde está obligado a instruir la investigación sumaria pertinente para que recaben los antecedentes y se establezcan las responsabilidades -administrativas o desde el punto de vista estatutario- y si eso es constitutivo de delito se puedan entregar los antecedentes pertinentes a la Fiscalía para que se haga la investigación del caso”.

¿Plazos para conocer el resultado?
“La investigación sumaria tiene un plazo del orden de los 30 días; está establecido en el estatuto. En base a eso hay dos caminos: si los antecedentes recabados por el Fiscal no ameritan mayor proceso, él hace una propuesta -ya sea de absolver o sobreseer de responsabilidad a las personas involucradas- o aplicar una sanción que tiene grados determinados. O bien, si los antecedentes son graves el Fiscal puede pedir que se eleve a sumario administrativo. Ahí hay un procedimiento mayor”.

 
¿Cómo afectan estos hechos la imagen del municipio?
“Todos nosotros estamos sujetos a cometer errores en el proceso de la administración. Lo importante es que no sean constitutivos de delito o mala fe. Para eso hay un procedimiento que -en este caso- se ha establecido. Estos temas pueden afectar la imagen que hemos venido construyendo en los últimos años: la de hacer este municipio ordenado, eficiente y transparente. Esperemos que sólo sea un error y que la investigación aclare la situación y que los tribunales dejen claro lo acontecido ante esta denuncia”.

¿QUIÉN ES MIGUEL ROSS?

Arquitecto de la Universidad de Chile.

Desde marzo de 1986 es Jefe Departamento de Asesoría Urbana en la Municipalidad de San Antonio.

Durante los dos años anteriores se desempeñó como Arquitecto y Asesor Urbanista en la Municipalidad La Granja.

Sus primeros pasos los dio en el departamento de Planificación territorial comunal de la Municipalidad de Puente Alto como Asesor Urbanista.

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INFORME FINAL N° 63, DE 2012 DEBIDAMENTE APROBADO, SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA EN EL HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA.

RESULTADOS

1. Compra de Ascensores de Pasajeros y Montacamillas
Permanecen en patios del recinto. No hay investigación o sumario administrativo para determinar eventuales faltas de quienes con su acción u omisión permitieron el hecho.

2. Turnos irregulares de médicos
Procedimiento utilizado para contratar a los facultativos Patricia Gutiérrez Jeria, Javier Zomosa Miranda y Carlos Vega Amaro es improcedente.

3. Contaminación por hongos en el pabellón
En mayo de 2011 fueron suspendidos todos los procedimientos bajo anestesia general, debido a la presencia de hongos detectada en una bolsa de anestesia. Se instruyó un sumario administrativo que aún no ha concluido.

5. Licitación de operaciones de rodilla
Entre los años 2011 y 2012, no se licitaron suministros.

6. Médicos que no cumplen jornada contratada
No existen registros de ingreso y salida de la doctora Carmela Menares Vilches.
Los profesionales Mario Da Venezia Retamales, Roberto Rojas Iglesias, Mercedes Vargas Ardiles y Gloria Díaz Araujo, no registran el ingreso y/o salida laboral en el sistema habilitado para ese efecto.

7. Concentración de docencia asistencial
No existen controles que permitan determinar el tiempo utilizado por los profesionales en actividades de docencia asistencial dentro del establecimiento.

8. Sumarios
Deceso de paciente atendida por la doctora Parada no fue investigado.
Abandono de paciente de doctor Vásquez Rodríguez -mientras éste la intervenía en el HCV, se retiró para atender a otro en una clínica privada, dejándola abierta- no dio origen a un sumario administrativo.
Sumario instruido por el fallecimiento de una paciente cuya intervención se inició en una clínica privada aún no concluye.

9. Derivación de pacientes del Servicio de Urgencia a los consultorios de Atención Primaria de Salud -APS-.
El Hospital Claudio Vicuña no dispone de procedimientos formales que regulen en qué circunstancias los facultativos del servicio de urgencias o del consultorio de especialidades se encuentran obligados a extender la correspondiente licencia médica a los pacientes. Director del Centro de Salud Familiar de San Antonio -Diego Bustos Carrasco- señaló que en forma reiterada llegan hasta ese recinto pacientes evaluados por médicos del referido hospital para que se les otorgue una licencia médica sin ninguna fundamentación.

10. Funcionarios desvinculados del hospital por relación de parentesco
A través de la resolución N° 663, de 2011, se contrató en un cargo de 28 horas, a contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2012, al médico Cristian Saa Garrido, hijo del subdirector administrativo del hospital, don Fernando Saa Galleguillos, quien se encuentra nombrado a contrata en el grado 6°.

12. Deficiencias en la adquisición de tomógrafo axial computarizado
A través del certificado de entrenamiento del personal del hospital para la operación del scanner proporcionado por la empresa Tecnoimagen S.A., se determinó que dicha actividad se efectuó en julio de 2012 y que en ella sólo participaron 5 de los 6 tecnólogos médicos y ninguno de los 9 técnicos paramédicos que se desempeñan en la unidad de imagenología.
Según lo informado por la encargada de protección radiológica del hospital, doña Katerina Arriola Álvarez, al 22 de octubre de 2012, los funcionarios que se desempeñan en el servicio de imagenología no disponían ni han contado desde su ingreso a trabajar con un dosímetro personal.
Otras observaciones
Arriendo Casino
El hospital celebró el 7 de septiembre de 2009, un contrato de arrendamiento destinado a cafetería con doña María Eugenia González Palma, aprobado por resolución exenta N° 1.451, de 30 de diciembre de la misma anualidad, por el cual debía recibir mensualmente $150.000.
En torno al tema se comprobó que la arrendataria no ha cumplido con lo establecido en el numeral 2 del citado contrato, en lo referido a que la renta mensual debe ser pagada por mes anticipado, los primeros cinco días de cada mes.

Jornada laboral médicos
Se verificó que para algunos funcionarios el establecimiento no ha fijado el horario en el cual deben cumplir sus respectivas jornadas laborales.

Horas extraordinarias
Se constató que el hospital autorizó horas extraordinarias diurnas y nocturnas, para todo el año 2012, situación que para el período 1 de enero al 21 de marzo de esa anualidad, no se ajusta a lo manifestado por la Contraloría General de la República.
Las funcionarias Ana González Menares y Claudia Salazar Moraga efectuaron modificaciones a sus respectivos ingresos y/o salida laborales, sin que existan respaldos que las justifiquen, lo que deberá ser explicado por esa entidad.

Servicio de Remodelación y amoblado de casino comedor, sala de capacitación y áreas clínicas proyecto MEL 2011.
En lo concerniente a la licitación pública denominada "Servicio de Remodelación y Amoblado de Casino Comedor, Sala de Capacitación y Áreas Clínicas Proyecto MEL 2011 para el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio", adjudicada, en $21.998.787 a la Empresa DECORA-ARTE, representada legalmente por la Sra. Rosa González González, se comprobó que ésta tiene un hijo en común con el subdirector administrativo de esa entidad hospitalaria, quien no se marginó del proceso de evaluación de la propuesta.

Unidad de auditoría interna
No consta que la unidad de auditoría interna haya sido creada mediante acto administrativo.

Trofeos.

Las ediciones de La Tercera y El Mercurio que en la última quincena de mayo publican la aprobación ambiental y un acuerdo con EFE logrados por Cementos Bicentenario S. A. son ahora parte de cada escritorio en las oficinas de Avenida El Bosque Norte 0177.

Sobre las espaldas de Julio Solar Caamaño -Gerente General- descansan los casi 200 millones de dólares que ejecutivos e inversionistas del grupo económico chileno Hurtado Vicuña han dispuesto para la proyección comercial de la firma, que fijó al 2015 la fecha límite para la entrada en operaciones de las plantas de molienda en Quilicura, Coronel y Mejillones.

En algo más de un año se han destrabado los permisos medioambientales para construir la segunda obra en Santiago -la primera está desde el 2010 en El Bosque- y asegurará una capacidad de producción de 1,9 millones de toneladas con costos que representan una tercera parte del capital financiero de Cementos BSA.

Al 2020, las ambiciones de la familia Hurtado Vicuña buscan alcanzar el 25% del mercado, hoy dominado casi en tres tercios por Bío-Bío, Melón y Polpaico.

De acuerdo a lo expresado por el Gerente Corporativo de Estrategia -Guillermo Pinto- el llamado a licitación debiera darse el segundo semestre permitiendo edificar la planta capitalina a fines de año y su entrada en operaciones el 2015.

Más actualizado que el sitio web de la empresa -donde sigue figurando “en proceso” el permiso ambiental - el calendario de la cementera ha programado para ese mismo año la habilitación de un terminal en San Antonio.

Por economía lingüística o astucia comunicacional, tres párrafos publicados el 26 de mayo de este año en la página 13 del cuerpo B “Vida Empresarial” de El Mercurio describen el acuerdo comercial suscrito entre BSA, la Empresa de Ferrocarriles del Estado y Puerto Central para la construcción de un centro portuario destinado a la recepción de clinker para la fabricación de cemento.


BSA promete instalaciones de última generación que garanticen los elevados ritmos de descarga y destaca el uso del ferrocarril para transferir la materia prima hasta la futura planta quilicurense, en lo que define como “aporte ambiental”, considerada la sustitución de camiones como medios de transporte.

Los datos hasta ahora son reservados.

Mencionar la palabra “silos” en San Antonio pudiera ser la peor de las ideas, atendida la génesis de los que hoy es un escándalo, tanto por los efectos de su emplazamiento (VER NOTA) como por las maniobras administrativas que confrontan a organizaciones por la defensa medioambiental, el municipio dirigido por Omar Vera Castro y la Contraloría.

Recurriendo a una nomenclatura más amable, para el 2015 Cementos BSA deberá haber construido un domo ecológico en los 6 mil metros cuadrados que la Empresa de Ferrocarriles del Estado arrendó a la firma en San Antonio.

Un contrato a 30 años permitirá al grupo económico Hurtado Vicuña construir un silo de 20 metros de altura por 150 de largo con capacidad para almacenar 80 mil toneladas de clinker.

Si bien no se conoce la ubicación final de la estructura, el acuerdo con Puerto Central podría derivar en una trinchera subterránea desde el futuro muelle de 700 metros que la concesionaria privada pretende instalar a pocas cuadras de los 10 silos de Graneles Chile S. A.
La génesis del escándalo y BSA en el SEIA
El 8 de marzo del 2010, el veterinario Pedro Bodor Nagy firmó una de las resoluciones probablemente más complejas en su historial como Jefe Subrogante de la Oficina Provincial San Antonio de la SEREMI de Salud de la Región Valparaíso.

En una carilla se resolvía permitir el uso de las instalaciones de Graneles Chile S. A. para la recepción y el despacho de 42 mil toneladas de granos en 10 silos que rompieron con la estética de San Antonio y -de paso- abrieron un debate entre la comunidad y la administración municipal que derivó -en junio de este año- con un informe de Contraloría que cuestionó la patente provisoria no renovada, cerrando las funciones de la empresa e iniciando sumarios en la Dirección de Obras.


DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN SEIA

Fecha de ingreso del proyecto
26 de abril de 2012 / Presentado el 30

Descripción
El Proyecto consiste en la construcción y operación de una planta en la cual se realizará la recepción y procesamiento de clinker, y otras materias primas, para la elaboración de cemento, la cual se encuentra localizada en Santiago, comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Objetivo
El objetivo del Proyecto consiste en la construcción y operación de una planta de molienda de cemento en la cual se realizará la recepción y procesamiento materias primas, para la obtención de cemento.

Localización
La Planta se construirá en un terreno de propiedad del Titular, ubicado en la intersección de la avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Apóstol Santiago, Comuna de Quilicura, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.

Justificación de su localización
La localización del Proyecto se justifica en función de la existencia de la línea férrea que se localiza junto al área del proyecto, esta característica permitirá incorporar un sistema logístico que facilita la recepción de materias primas (Clinker y ceniza volante) y el despacho productos (cemento) a través de ferrocarril (en menor porcentaje por camión, en situaciones en que no exista disponibilidad de ferrocarril).

Declaración jurada
Declaro bajo juramento que la presente Declaración de Impacto Ambiental y los antecedentes requeridos para la presentación del proyecto "Planta de Molienda de Cemento Quilicura", cumplen con la legislación ambiental vigente, de conformidad con lo exigido en el articulo 18 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el articulo 14 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que su contenido está de acuerdo con la normativa citada precedentemente. Asimismo, declaro bajo juramento que acepto realizar la Evaluación de Impacto Ambiental de mi proyecto electrónicamente utilizando el e-SEIA. Esto incluye el compromiso de revisar el estado de avance del proceso de evaluación en el sistema y revisar mi correo electrónico regularmente. Finalmente declaro estar en conocimiento de todas las opciones y normas que establece la legislación vigente para el uso de este sistema que se expresan en el documento "Términos y Condiciones de uso del Sistema e-SEIA", disponible en la página principal del sistema.

Firman
Julio Solar Caamaño Representante legal Cementos Bicentenario S.A.
Guillermo Patricio Pinto Aracena Representante legal Cementos Bicentenario S.A.

 
ACTA DE EVALUACIÓN (n°2, 2013) del 21 de enero de 2013
Ficha del proyecto
Planta de Molienda Cemento Quilicura
Cementos Bicentenario S. A.
Proyecto de tipo industrial
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada
Firman
José Pinochet Olave: Seremi de Medioambiente, Presidente Comité Técnico Dirección Regional SEA
Juan Moscoso Farías: Director (S) Regional SEA, Secretario Comité Técnico Dirección Regional SEA

¿Qué es BSA?

Cementos BSA es una empresa del sector construcción, con presencia a nivel nacional, constituida con capitales chilenos y que participa con negocios en las áreas de cemento, hormigón premezclado, morteros secos predosificados, áridos y su división de proyectos especiales.
La empresa nace como resultado de una visión compartida entre un grupo de inversionistas y ejecutivos de amplia trayectoria de la industria del cemento y del hormigón, y con un objetivo común: desarrollar un negocio cementero que le permita alcanzar en el mediano plazo, una posición relevante dentro del mercado de la construcción.

El Desafío

Nuestra visión es que BSA llegue a ser reconocida por el mercado como una empresa cementera innovadora, tecnológica, cercana, ágil, con un proyecto sustentable desde la perspectiva ambiental y con un mix de productos y servicios que permitan satisfacer en forma efectiva las exigentes necesidades de los clientes.


 
Entrevista LA TERCERA (10 noviembre 2012) Por Carla Alonso Bertaggia

Una ambiciosa meta tiene trazada en su hoja de ruta la cementera BSA -controlada por el grupo Hurtado Vicuña- hacia el año 2020. Para entonces, la firma -creada en 2010 tras la compra de Cementos Búfalo- pretende tener un 25% del mercado del cemento a nivel local. Hoy, tres operadores -Cementos Melón, Polpaico y Bío-Bío- tienen cada uno cerca de un 30%, mientras BSA posee cerca de 9%, dicen en la compañía.

“Cuando dijimos ‘queremos convertirnos en un gran actor del cemento’, definimos que no queremos ser más chicos que los competidores actuales”, afirma el gerente general de la empresa, Julio Solar, quien además es socio minoritario de BSA.

Pero también es consciente de que no juega solo. “La competencia va a tratar de que no lo obtengamos, pero creemos que tenemos espaldas financieras e infraestructura adecuada, una empresa de última tecnología y la mejor logística, lo que hará que seamos más eficientes en costos”, sostiene Solar. Y si lo logran, continúa, “podemos conseguir la participación de mercado que queremos”.

Con ventas para 2012 por US$ 150 millones, la firma tiene un plan que implica un cambio en el modelo de negocios: pasar de ser importadores de cemento -actualmente internan unas 500 mil toneladas anuales- a ser productores. Esto, con el fin de abastecer a las 22 plantas de hormigón premezclado que operan desde Arica a Puerto Montt. Hoy, la empresa tiene un 15% de la torta del hormigón premezclado en Chile y es su fuerte en ventas.

Plan de expansión

Parte medular del plan es comenzar a importar clinker -una pieza clave en el proceso de elaboración del cemento- a partir de 2014, desde Asia, para elaborar cemento. De hecho, ya tienen acuerdos con los puertos de Coronel y Puerto Central, en San Antonio, y la idea es trabajar con clinker 100% importado. “En Chile, con el elevado costo de la energía y la caliza cara, no es rentable producir clinker”, dice Solar.

A ello se sumará la construcción de tres nuevas plantas para producir cemento, las que se integrarán a la unidad que ya opera en la comuna de El Bosque (ver foto), donde elaboran un cemento especial para la producción de hormigón. Ahí, BSA tiene una capacidad instalada de 250 mil toneladas anuales.

“Para convertirnos en una gran empresa cementera, el proyecto es alimentar con clinker importado la planta que tendremos en Coronel”, en la VIII Región, enfatiza Solar. La construcción de esa unidad, que tendrá capacidad para 500 mil toneladas, comenzaría en enero de 2013. “Debería estar operativa a fines de 2014”, indica el gerente. La inversión será de US$ 50 millones.
La segunda planta futura estará ubicada en la Región Metropolitana, en Quilicura, y hoy está en etapa de obtención de los permisos ambientales, que esperan lograr en el primer semestre de 2013.

Ello implicaría dar luz verde a la construcción en el segundo semestre del próximo año. Con una capacidad de 1 millón de toneladas en una primera etapa, demandará unos US$ 70 millones.

Para atender la demanda minera e inmobiliaria, la tercera planta se emplazará en el norte de Chile.

“Estamos buscando un puerto apto entre Antofagasta e Iquique”, adelanta. Esta operación será de menor envergadura y estaría funcionando en 2014. Invertirán US$ 35 millones.
Solar cuenta que parte de la estrategia es usar las instalaciones de BSA a lo largo del país, “que son más eficientes logísticamente que las de nuestros competidores”. Argumenta que estas últimas son empresas “que se formaron hace 50 años y crearon plantas en función de yacimientos de caliza que actualmente están con escaso material. Hoy, eso no significa que sean más eficientes, y se traduce en mayores costos de transporte”, afirma.

Por ello, las ubicaciones de las cuatro plantas son “estratégicas” en función del ahorro de costo de transporte. No es todo. El nuevo proyecto utilizará el ferrocarril como transporte de todas las materias primas que usarán en la operación y piensan cambiar cerca del 50% del flete de camión a ferroviario, partiendo en 2013. BSA tiene una flota cercana a 350 camiones para transportar hormigón premezclado.

La inversión total será superior a US$ 300 millones, a 2017, considerando las áreas de cemento, hormigón premezclado y áridos. En 2013, Solar proyecta ventas superiores a US$ 200 millones. A 2017, bordearán los US$ 500 millones en facturación.

Lo que viene

El mercado chileno tiene un tamaño de seis millones de toneladas de consumo de cemento, con un crecimiento a tasas de dos dígitos. “Si sigue creciendo la economía del país, llegará a 7,5 millones de toneladas de consumo nacional a fines de 2014. Si queremos lograr el 25% del mercado, tendríamos 1,8 millón de toneladas”, calcula Solar.

A su juicio, el mercado “irá creciendo de todos modos.

“La pregunta es si todos los actores estarán en condiciones de seguir el crecimiento, y eso no ocurrirá porque, o van a quedar con localizaciones mal ubicadas, o tendrán escasez de materias primas, altos costos de energía en sus procesos o una logística ineficiente”, afirma.

¿Hay mercado para tantos actores?
“Depende del hambre que tengan y cuán eficientes en costos sean (...). Hay actores que perderán participación en función de otros más eficientes”, dice.

“¡Oye chico! ¡Tení’s que tirar pa’l mismo lado! ¿De qué lado eres? ¿Estás con nosotros o no?”.

Así termina la entrevista solicitada con 11 días de anticipación al recién asumido Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Eugenio de la Cerda Rodríguez.

“Soy periodista”, fue la respuesta con la que dio media vuelta el ex Coronel y ex Jefe del Hospital Militar de Antofagasta.

Aprovechando su participación en la Cuenta Pública del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, entrevistamos al ex uniformado respecto a la forma en la cual el ex suplente del SSVSA -Víctor Araya García- se había convertido en director de la Coordinación Provincial de Salud de San Antonio, percibiendo casi 4 millones de pesos por una gestión invisible entre enero y febrero del 2013.

¿Qué antecedentes maneja usted respecto a la forma o al mecanismo mediante por el cual se asigna en las actuales funciones a su antecesor Víctor Araya García como actual Coordinador Provincial de Salud de San Antonio?

Víctor Araya se desempeñaba desde antes de tener la posición de Director Subrogante en el servicio. Fue su director tanto del área de recursos físicos y financieros como del área de recursos humanos. Así que en los cargos que hay de similar nivel, uno de ellos y que estaba con un cargo vacante es la Delegación Provincial de San Antonio. Él postuló en el mismo concurso al que postulé y, el sistema de Alta Dirección Pública. El hecho de que yo esté aquí significa que dentro de la selección fui yo elegido yo y no VA. Así que él volvió a uno de los puestos de su nivel dentro del servicio de salud. No tiene más explicación.

Y en esa fórmula ¿intervino un concurso para la CP de Salud?

No porque él ya estaba en el servicio. Es uno de los cargos del nivel que puede ocupar cualquiera de los que están en el grado que le corresponden a Víctor Hugo.

¿Hubo alguna terna donde él fuera una opción o se pensó siempre en él?

Son cargos que podrían en algún momento ser concursables, pero no están definidos así en la estructura actualmente.

¿Descarta la posibilidad de un conflicto de interés como ex director de Servicio para facilitar su llegada al actual cargo?

Al contrario. Imagínense ustedes que un doctor que estuviera trabajando en un hospital y fuera director de un hospital y dejara de ser director… al hospital qué es lo que le conviene… que el médico siga trabajando en el hospital con su especialidad. En este caso pasa lo mismo. Para los funcionarios de servicios hay una cantidad de cargos disponibles ocupados por personas -en el caso de Víctor Araya- entiendo que la figura fue una suplencia hacia arriba. Lo único que está haciendo ahora está volviendo a un puesto del mismo nivel.

¿Quién visó o autorizó -mediante qué tipo de control- el cambio? ¿En forma interna, cómo se hace el traspaso?
El director del servicio es el que tiene la atribución de designar esos puestos.

¿Usted lo designó?

No físicamente yo porque no era el director en el momento, porque yo asumí el 1 de enero. El 2 de enero físicamente. Hubo dos subrogancias entremedio, dos subdirectores.

¿Es efectivo que hubo 50 días administrativos…

¡No! Feriados…

…que Araya los habría tomado a días de asumir el cargo?

Es efectivo. Todavía está con vacaciones; tenía dos años de 25 días hábiles cada uno, acumulados. No había hecho uso de vacaciones. Tiene vacaciones hasta el día 7 (ayer) y hoy pidió un día administrativo para reintegrarse a las funciones el día lunes. Pero está dentro de los beneficios que tiene cualquier funcionario público.

Al tenor de esa información sería imposible preguntar por los hitos…

En el tiempo… exactamente. En la actividad en que quedó encuadrado ahora no tiene desempeño físico.

¿Tiene la intención Araya García de gerenciar el proyecto del nuevo hospital para San Antonio?

Las intenciones no son de Araya García. Las intenciones son del servicio.

Ok. ¿Son las intenciones del servicio gerenciar el proyecto?

No. Alguien del servicio pueden tener las ganas de… pero no son las intenciones de una persona las que… el servicio no va a adaptándose a las intenciones de las personas. Sería una irracionalidad administrativa.

¿Está Víctor Araya contemplado?

Es una de las opciones que estamos manejando hoy día.

¿Por asignación interna?

A lo mejor va a cambiar el tipo de contrato porque está definido de una manera distinta el origen de los fondos de un proyecto.

¿Puede evaluar a Víctor Araya García?

El 28 de marzo voy a hacer la cuenta pública del SSVS correspondiente al año 2012 que no es de mi gestión, pero es una de las obligaciones que tenemos especialmente los altos directivos elegidos por el sistema de ADP; así que hay van a tener la expresión pura de cuáles fueron las actividades desarrolladas dentro de su dirección como suplente en el servicio durante el año pasado.

¿Hay algo que usted recuerde que le gustaría destacar hoy?

No… O sea, yo soy un continuador. Los recursos y proyectos que se están trabajando son los mismos. Las variaciones que pueda hacer yo en dos meses es muy poco. Soy un continuador que desarrolló linealmente Víctor Hugo en un año y medio, dos años que estuvo como director (S).

¿Qué contratos -y con qué prestadores- firmó durante diciembre de 2012?

Todos los días yo firmo resoluciones de contratos, renovaciones, reemplazos, suplencias. De 3 mil 800 funcionarios.

¿A qué atribuye la duda respecto al traspaso?

¡No! ¿Pero de qué dudas me está hablando?

Le estoy haciendo esta entrevista a propósito de la duda planteada por algunos personeros públicos han planteado sobre el traspaso de funciones. Lo aclaro al inicio ¿a qué atribuye las dudas?

Las dudas tendría que preguntárselas a quienes las tienen.

¿Cómo las recibe usted?
Nosotros tenemos un sistema que está funcionando. Con un bagaje de cosas que se hicieron el 2012 que son reflejo de una gestión determinada y con un listado bastante importante y concreto de proyectos que se van a iniciar este año.
¿Quién es quién?
Eugenio de la Cerda Rodríguez

Oficial de Ejército en Retiro (2008). Egresó de la Escuela Militar en diciembre de 1975 y es egresado de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, en 1994. Posee el título de Magíster en Ciencias Militares con mención en “Planificación y Gestión Estratégica” y ha obtenido Diplomados en “Gestión de Instituciones de Salud” de la Universidad de Chile, en “Estrategias y Control de Gestión” de la misma casa de estudios y en “Liderazgo para el Cambio, la Estrategia y la Organización” de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Su labor profesional en el área de la salud, ha abarcado diversas tareas como la de Director del Hospital Militar del Norte (Antofagasta); Jefe del Departamento de Operaciones en Gestión de Salud del Comando de Salud del Ejército y Jefe de la Red Nacional de Instalaciones de Salud de Primer y Segundo Nivel de Atención del Ejercito. Asimismo, se ha desempeñado como docente en diferentes instituciones de educación.
Anterior a asumir como Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, se desempeñó como Jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Dirección General del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile.

Víctor Hugo Araya García
51 años; es Contador Auditor de la Universidad de Valparaíso; Diplomado en Capacitación y Desarrollo Organizacional de la Universidad de Santiago; MBA en Gestión de las Organizaciones con mención en Recursos Humanos de la Universidad de Valparaíso y Doctor © en Ciencias Empresariales de la Universidad de Cádiz, España.
Asimismo, está acreditado por LLoyd´s Register como Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad.
En su trayectoria profesional destaca su labor como Gerente de Recursos Humanos en la empresa Socofar - Cruz Verde, como Jefe administrativo Munnich Pharma Médica.
Además fue relator, coach y asesor en diversas empresas públicas y privadas tales como: Coca - Cola, Cemento Melón, Luchetti, Aduanas, PDI.
Asimismo, destacó como miembro de la Comisión de Planificación económica de la Facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad de Valparaíso.
En el ámbito académico se desempeña como profesor en la Facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad de Valparaíso donde dicta las cátedras de Emprendimiento y psicología de las organizaciones, y negociación. Y también como docente de post- grado del MBA de la misma casa de estudios, en las cátedras de Recursos Humanos y Gestión estratégica.

Coordinación Provincial de Salud
Coordina las acciones de salud de la institución en las comunas de la Provincia de San Antonio.
Funciones:
Coordinación entre niveles Directivos y equipos de salud APS, y el nivel secundario de la Provincia de San Antonio.
Gestión de seguimiento de solicitudes de información, reclamos y sugerencias originados en la Provincia de San Antonio.
Detección de insatisfacciones ciudadanas respecto de atenciones de salud en la red.
Apoyo a la gestión de programas asociados a convenios APS.
Representar al SSVSA en el Comité Técnico Asesor dela Gobernación Provincial de San Antonio.
Coordinación con la Autoridad Sanitaria Provincial y con los Jefes de Salud de los Municipios de la Provincia de San Antonio.
Apoyar, favorecer, participar y fortalecer el trabajo y las actividades de los Consejos Locales de Salud de la Provincia de San Antonio.
Supervisar la correcta ejecución de los proyectos de Presupuestos Participativos del SSVSA en la Provincia de San Antonio.
Favorecer e incentivar la participación de los dirigentes y la comunidad organizada en las instancias de participación ciudadana del SSVSA.
Entregar reportes mensuales con información relevante en materia de salud, participación ciudadana y OIRS.
Dirección: Av. Blanco Encalada 840, oficina 401, edificio Flanagan, San Antonio. Teléfono: 35 - 206573